El fin de la primera década del siglo XXI exige una reflexión profunda de los principales acontecimientos en la vida política del México contemporáneo.
Lo que se presagiaba en el año 2000 podría ser el inicio de una nueva era en la historia de nuestra amada patria, se convirtió en uno de los desperdicios más costosos para la población mexicana: la elección de Vicente Fox a la presidencia de la República. Como señalo en mi artículo “MÉXICO: A 9 años de la alternancia, Estado-nación sin rumbo”, la elección del guanajuatense pudo representar el evento capital en la reconfiguración del Estado Mexicano, tras cerca de 70 años de un sistema político unipartidista y monopolizador de la vida nacional. Las esperanzas estaban cifradas en él, su victoria fue incuestionable: parecíamos alcanzar finalmente la ansiada democracia.
Sin embargo, en su momento, la izquierda advirtió de lo que se había fraguado el 6 de julio del año 2000: un pacto entre la derecha, representada por el Partido Acción Nacional, y el partido hegemónico, emanado supuestamente de la Revolución Mexicana, el PRI. Este pacto político tenía como objetivo nodal eternizar en el poder a la cúpula política guardiana de los intereses de la rancia oligarquía mexicana, así como los intereses de las grandes corporaciones internacionales asentadas en este país. Vicente Fox se convirtió pues en el artífice de este pacto entre las elites políticas y económicas dominantes: ese terminó siendo su papel en la historia contemporánea nacional.
Baste recordar que durante la presidencia de Fox los niveles de crecimiento económico bruto fueron tan bajos como en periodos de las crisis de 1982 y 1995. Que durante su gobierno se desatendieron rubros tan importantes como la educación y el problema cardinal de nuestro país: el combate a la pobreza. En este punto, Vicente Fox puso en marcha un programa gubernamental llamado “Oportunidades”, (nombrado en primera instancia “Progresa”) el cual tenía como noble propósito combatir los altos niveles de pobreza que existían en nuestro país. Sin embargo, aunque no se debe despreciar el apoyo real que ha dado a miles de familias mexicanas, el programa “Oportunidades”, no es lo que verdaderamente México necesita para resolver este acuciante problema nacional. En realidad, fue una política fallida, que lo único que se proponía era hacer publicidad al gobierno federal, pretendiendo que se estaba trabajando en el combate a la pobreza. Los recientes números de la CEPAL comprueban mi aserto anterior: al final de la primera década del siglo XXI México es el país de Latinoamérica en donde más ha crecido la pobreza extrema. ¿Funcionó “Oportunidades”? (véase el informe en http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/37839/PSE2009-Cap-I-pobreza.pdf)
En cuanto al rubro educacional se refiere, la década de 2000-2009 consolidó un fenómeno que se venía dando en los sexenios anteriores: el control de la educación nacional por parte del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Dicha situación se agudizó tras el papel que jugó este organismo sindical durante las elecciones presidenciales del año 2006. Su líder, la nefasta, corrupta y aciaga Elba Esther Gordillo, equilibró la balanza definitivamente a favor del candidato presidencial del PAN. El resultado fue la inacción de la Secretaria de Educación Pública en el intento de reforma educativa conocida como Alianza por la Calidad de la Educación, cuya implementación ha dependido de los intereses del Sindicato y no de las prioridades que debiera tener el Estado Mexicano en una verdadera refundación del sistema educativo a nivel nacional. Es lamentable que México ocupe el último lugar en desarrollo educativo de los países de la OCDE, como el último informe de esta organización señala. (véase el informe en http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/LinkTo/NT00006C86/$FILE/JT03273387.PDF)
En cuanto al rubro de transparencia se refiere, durante los gobiernos de la década conocida en términos políticamente correctos como de la “alternancia,” se mejoró a comparación de las décadas de gobiernos priístas en el poder. En este sentido, la creación del IFAI por Vicente Fox, significó el primer paso para liberar información concerniente a la administración de las finanzas y contabilidad públicas. Fue un buen paso, no obstante, una vez más como en la mayoría de los programas impulsados por los gobiernos federales de esta década, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) sirvió para crear una atmósfera de confiabilidad en los manejos del gobierno, mientras al mismo tiempo se ocultaba a la población la cantidad inmensa de contratos que el gobierno federal hacía con empresas privadas en sectores estratégicos como la electricidad, el petróleo y la minería. Además de que se trataba de mantener la serie de concesiones ventajosas a favor de familiares de los miembros de la cúpula política y económica. Recordemos el escándalo de los contratos de los hermanos Bribiesca para sostener el anterior aserto.
Ahora bien, la situación económica es sin lugar a dudas el rubro en el que los gobiernos del 2000-2009 mostraron más su ineficacia. La continuidad del neoliberalismo emanado del Consenso de Washington, inaugurado en el plano oficial con la entrada del México al GATT en 1985 y concretado con la implementación del ominoso TLCAN en 1994, significó en términos generales en la profundización de la pobreza a escala nacional. El neoliberalismo, al contrario de lo pensado por la cúpula priísta a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, no resultó ser una política económica eficaz para un país con profundas diferencias sociales. Funcionó hasta cierto punto en las economías fuertes de Occidente, pero en las naciones subdesarrolladas y con altos índices de pobreza lo único que significó fue la agudización de la diferenciación social.
No es de extrañarse, entonces, las declaraciones recientemente hechas por el premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz, quien señaló que México fue uno de los países que peor supo manejar la reciente crisis económica global. No es menester ser un experto en economía para confirmar la declaración del premio Nóbel, por cierto rechazada por el ex Secretario de Hacienda Agustín Carsents. Es suficiente con saber algo de teoría económica para saber que cuando hay una crisis económica se deben recortar los impuestos y aumentar el gasto corriente, tal como lo afirma el gran economista británico John Maynard Keynes en su obra Teoría general del trabajo, interés y dinero. Dicho modelo de intervencionismo del Estado en la economía sirvió para mitigar grandes crisis económicas en la historia del siglo XX. Recordemos cómo Franklin Delano Roosevelt enfrentó el desastre en la economía estadounidense, provocado por la desregularización financiera impulsada por los gobiernos republicanos de Warren Harding a Herbert Hoover. O, más recientemente, como Barack Obama ha decidido seguir estos mismos patrones para tratar de resolver la reciente crisis sistémica del capitalismo global. En México fue totalmente lo contrario: se subieron y crearon nuevos impuestos, se detuvo el gasto corriente, además de que se aumentaron precios de productos básicos como la tortilla, el azúcar y la gasolina.
Ahora bien, un punto sensible en que los gobiernos de la década 2000-2009 intentaron innovar fue la cuestión energética, principalmente en materia de petróleo. La reforma propuesta por Felipe Calderón resultó ser ineficaz, oscura y superficial. La lógica del liderazgo neoliberal en el poder es que los energéticos deberían de estar privatizados. No se puso de manifiesto de manera descarada, pero los propósitos de la reforma tenían muchos afanes privatizadores, como la participación de privados en la comercialización, la refinación, la transportación y la exploración del petróleo nacional lo pueden demostrar. La cúpula en el poder no se da cuenta del fenómeno global en materia energética: la renacionalización y estatización de los recursos energéticos. Las compañías petroleras de mayor capacidad y volumen no son precisamente las transnacionales estadounidenses, británicas o españolas, sino aquellas compañías estatales como ARAMCO (Arabia Saudita), NIOC (Irán), CINOPEC (China), entre otras. Así pues, los dirigentes de la empresa estatal mexicana, en lugar de seguir preocupándose por su ineficiencia, deberían de ponerse a trabajar para hacerla regresar a los primeros lugares en los listados de las empresas petroleras. La reforma debería comenzar con limpiar el sindicato petrolero de la enorme corrupción concentrada en la figura de Carlos Romero Deschamps. Empero, luce complicado que Calderón se comprometa a dicha tarea, pues paradójicamente el PAN, que tanto se quejó de la política charrista del PRI, sigue continuando con esta vieja práctica, haciendo de los sindicatos cómodos parte nodal de su mantenimiento en el poder.
La década de 2000-2009 se caracterizó asimismo por la gradual pérdida de poder del gobierno federal ante los gobiernos estatales. Los gobernadores han adquirido cada vez más poder, recuperando el terreno perdido tras décadas de presidencialismo omnipotente del PRI. Esta característica dentro del sistema político nacional, hace pensar en la necesidad de definir cuál es el sistema político que necesita México: ¿un semipresidencialismo?¿una república parlamentaria?¿regresar al presidencialismo, pero ahora de manera consensuada con el Congreso y los gobiernos estatales?
El presente representante del Ejecutivo no se ha dado a la tarea de definir tal interrogante, tan necesaria para el correcto funcionamiento de nuestras instituciones, la eficacia de nuestras leyes y la verdadera representación de las mayorías. Sólo lanza propuestas mediáticas y sin sentido, como la reelección de alcaldes y diputados, cuyo verdadero propósito es perpetrar a la clase política priísta y panista en el poder. En este punto, uno de los mayores pecados de la derecha en el poder durante esta década es la gran indiferencia que ha mostrado frente a la Reforma del Estado, apoyada principalmente por la izquierda legislativa. La Reforma del Estado es una iniciativa que pretendía reformar las instituciones políticas en aras de acercar los dos componentes vivos del Estado-nación, es decir, la población y el gobierno. En pocas palabras, lo que se busca es la refundación de un Estado Mexicano cada vez más ineficiente, atado a los mandamientos de los liderazgos políticos dominantes, cuyos intereses con otras entidades no estatales ocasionan severos daños al buen funcionamiento de las instituciones, afectando de manera considerable a la mayoría de la población.
Otra oportuna interrogante que no puede escapar a este análisis es ¿qué nos dejó la década de 2000-2009 en materia de política exterior?
México durante el siglo XX se caracterizó por ser un país vanguardia en política internacional. Fuimos sin lugar a dudas la principal potencia de América Latina. Participamos activamente en el liderazgo de los países no alineados durante la Guerra Fría. Organizamos importantes cumbres internacionales en donde los principios de política exterior de no intervención y autodeterminación, enunciados en la Doctrina Carranza, eran política de Estado. México participaba como nación líder en la resolución de conflictos en la esfera latinoamericana, basta recordar nuestro papel en la crisis centroamericana de los 70 y la subsiguiente creación del Grupo Contadora a iniciativa de nuestro país. En suma, sin ser una potencia a escala global, México era incuestionablemente el país de vanguardia en Latinoamérica. Incluso, esta política exterior se mantuvo con los gobiernos neoliberales de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Si bien es cierto que durante estos dos sexenios, nuestra política exterior comenzó a adoptar otro tipo de discurso: como el de la apertura comercial en el caso de Salinas y la democratización en el caso de Zedillo, México continuaba siendo un país hasta cierto punto congruente con nuestros pilares básicos en materia de política exterior.
Sin embargo, toda la presencia e importancia que tuvo México en el ámbito latinoamericano y mundial bajo los regímenes priístas, se revirtió con la llegada de la derecha al poder en el año 2000. El episodio más conocido fue aquel suscitado en Monterrey con las infortunadas declaraciones de Fox a la figura del líder cubano Fidel Castro. Así, México, que había sido tradicional defensor del gobierno cubano emanado de la Revolución de 1959, traicionó de manera flagrante los principios de no intervención y autodeterminación, cuando en las votaciones llevadas a cabo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cambió por primera vez en su historia su votación en cuanto a la situación de derechos humanos en Cuba se refiere. Dicha conducta tiene una explicación en la enorme presión que Estados Unidos infringió en México, dominando todos los aspectos de nuestra política exterior, y perdiendo la poca independencia que habíamos tenido durante el régimen priísta.
Consciente de la necesidad de enmendar la plana, Felipe Calderón decidió cambiar de rumbo y mejorar la relación con Cuba. Fue elegido un miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM) para dirigir la Secretaria de Relaciones Exteriores, lo cual fue celebrable. Con esta medida se esperaba hacer más funcional nuestra política exterior, pero en realidad, la acción de Patricia Espinosa al frente de la Cancillería ha sido tibia y mediocre. Ciertamente, se ha mejorado y aumentado el SEM, empero, se sigue con la vieja práctica de nombrar embajadores políticos, sin conocimiento alguno de la realidad internacional y el papel que México debe tener en ella. La designación de Jorge Zermeño como embajador de México en España, así como el reciente nombramiento del oscuro ex procurador Eduardo Medina Mora como embajador de México en Gran Bretaña, son hechos lamentables que restan credibilidad a México en el exterior.
Asimismo, dos recientes episodios son muestra de la pérdida de acción del Estado Mexicano en el exterior: la implementación de visas para los mexicanos por parte del gobierno de Canadá y la crisis en Honduras. Con respecto al primer punto, México mostró impotencia ante la imposición unilateral de visas por parte de nuestro socio de Norteamérica. Fuimos incapaces de responder de manera enérgica ante semejante imposición. Por su parte, la crisis de Honduras es el episodio que más representa la pérdida de poder de México en el exterior, y lo peor de todo, es que se trata de un área en donde México siempre fue indiscutible protagonista, como en el caso de Contadora en los 80. Fue en esta ocasión Brasil el país que asumió el liderazgo para la negociación del conflicto originado por el golpe de Estado de la derecha hondureña. Así pues, la crisis de Honduras representó el nuevo equilibrio de fuerzas de América Latina, con un Brasil líder indiscutible de la región y muy presente en los principales foros internacionales, mientras que por su parte México cada día se ha rezagado más. Por lo tanto, salvo el buen papel que recientemente tuvimos en la cumbre climática de Copenhaguen, que de hecho no es novedad pues nuestro país siempre ha sido impulsor de políticas a nivel mundial para combatir el medio ambiente, México se perfila progresivamente hacia una pérdida de prestigio, influencia y presencia en la escena global.
De todos los aspectos de los gobiernos federales de la década 2000-2009, el narcotráfico resulta ser el peor manejado por Fox y Calderón. El primero, de plano hizo caso omiso al problema, simplemente lo dejó continuar e intentó distraer a la población con otras acciones gubernamentales que tuvieron poca trascendencia para el mejoramiento de las condiciones de vida del país. De hecho, el mismo Calderón mencionó hace algunos meses que su antecesor había pecado de inacción frente a este importante problema.
En cuanto al actual ejecutivo se refiere, su llamada guerra contra el narcotráfico ha resultado en un estrepitoso fracaso de magnas proporciones. De 2006 a la fecha han muerto aproximadamente más de 23, 000 personas a causa del combate armado que emprendió Calderón al poco tiempo de asumir la Presidencia en julio de ese mismo año. Estas cifras rebasan por mucho a las bajas estadounidenses en las actuales guerras de Irak y Afganistán juntas. Su política se ha centrado en enviar miles de soldados a los estados en donde más existe este problema: 45, 000 militares y 20,000 agentes de la Policía Federal, dando un total de 65,000 hombres armados, cifra que es casi comparable con el total de soldados estadounidenses en Afganistán. De esa magnitud estamos hablando.
Asimismo, dentro de este marco Calderón propuso la Iniciativa Mérida, cuyo carácter es similar al Plan Colombia. En esta Iniciativa se pide ayuda a EU para lidiar con este preocupante problema, sacrificando soberanía nacional, dado que dentro de los postulados de este programa de asistencia está implícita la entrada a México de cientos de agentes estadounidenses, con derechos extraconstitucionales. Así pues, en términos generales la guerra de Calderón contra el narcotráfico ha resultado en una verdadera carnicería y en la militarización de varios estados de la República. Además, se han cometido flagrantes violaciones de derechos humanos por parte del Ejército, al grado de que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional denunciaran al Estado mexicano de ser cómplice en los abusos a la población civil. (Véase http://amnistia.mx/abusosmilitares/informe.pdf)
Al igual que todos los programas implementados tanto por su gobierno como el de Fox, la guerra contra el narcotráfico es un intento más de hacer creer a la población que se está haciendo algo para resolver este problema. Ciertamente, se han detenido numerosos narcotraficantes, decomisado grandes cantidades de droga e incluso asesinado a importantes líderes como Arturo Beltrán Leyva, pero en realidad se está afrontando esta cuestión de manera superficial; pues la mejoría de la educación, la creación de empleos y la lucha contra la corrupción en las instituciones judiciales, que deberían ser las verdaderas armas contra el narco, son temas en los que Calderón no se ha querido comprometer en lo absoluto.
Podría continuar este texto enumerando lo que ha dejado 10 años de derecha en el poder en México, sin embargo, basta concluir señalando la gran cantidad de violaciones a nuestra Carta Magna que se han cometido a lo largo de estos años. El último ejemplo fue la extinción de la compañía estatal Luz y Fuerza del Centro, cuyo decreto de extinción viola explícitamente el artículo 89º de la Constitución, en donde se dice que el Presidente podrá “promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.” Calderón cínicamente citó al comienzo de su decreto este artículo, cuando en realidad no se tomó la molestia de consultar al Congreso de la Unión de esta decision, violando asimismo, el artículo 90º de nuestra Carta Magna en el que se establece que la administración pública federal, de acuerdo con las leyes expedidas por el Congreso “definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación”. Huelga decir que Calderón, además viola el artículo 87º de la Constitución en el que se establece que el Presidente deberá hacer la siguiente declaración al tomar posesión de su cargo: “protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”. La pregunta sería ¿Lo hizo Fox y lo ha hecho Calderón hasta el momento? Los hechos demuestran que no.
En suma, la década de 2000-2009 ha sido un periodo en el cual la cúpula política gobernante ha recrudecido su avaricia y su afán desmedido de poder. Un periodo en el que se ha aumentado estrepitosamente el número de pobres y la diferenciación social. Un periodo en que la educación de nuestros niños es cada día más deficiente. Un periodo en el que México ha perdido liderzgo internacional y regional. Un periodo en el que han muerto miles de inocentes en una guerra fallida contra el narcotráfico y en el que se han cometido numerosos atropellos a los derechos humanos de la ciudadanía. Un periodo en la que se han implementado políticas fiscales medianas, cuyo impacto se refleja en las clases más bajas y en los sectores medios de nuestro país, mientras los grandes corporativos siguen pagando cantidades miserables de impuestos. Un periodo en el que la derecha ha contradicho sus ideales y se ha montado en sindicatos cómodos para mantenerse en el poder, como el SNTE y el SNTPRM, mientras que desecha aquellos que le resulta incómodos como el SME. Un periodo en el que la izquierda ha puesto en primer término sus intereses partidistas y personales, en lugar del interés nacional.
Por consiguiente, no es exagerado concluir este texto mencionando que el periodo que acaba de finalizar ha sido una década perdida en la historia de México. En donde las oportunidades de cambio se han convertido en peores pesadillas y en donde las ilusiones de millones de mexicanos se han esfumado hacia el vacio más profundo de los vientos, tierras y mares de esta amada patria.
