Emilio
González G
Publicado en Reforma, 10 de abril de 2015,
“Me dijeron que
el viaje era peligroso, pero si me quedaba me iban a matar”. Así respondió un
joven hondureño de 28 años cuando le pregunté por qué decidió cruzar México sin
papeles. Juan era policía municipal en un barrio de San Pedro Sula controlado
por las pandillas. Se negó a surtir armas de contrabando a la mara en poder de
la colonia. Su superior dio la orden. En efecto, no tenía escapatoria.
Casos
como el de Juan abundan en la red de albergues de la sociedad civil establecida
a lo largo del territorio mexicano. Policías honestos que se niegan a
corromperse, jóvenes y niños que rechazan el reclutamiento de las pandillas,
choferes que se resisten a transportar droga, pequeños empresarios y
comerciantes hartos de extorsiones y secuestros.
La
dimensión de la violencia criminal en Honduras, Guatemala y El Salvador es
descomunal. Según la ONU, estas repúblicas están en la lista de los 10 países
con mayor índice de homicidios en el mundo. En 2014, el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados publicó dos informes sobre niñez migrante
centroamericana que evidencian la violencia criminal como motivo principal para
que niños y adolescentes no acompañados huyan de sus países. En un hecho
insólito en la política estadounidense, Obama calificó en junio de 2014 como
una “crisis humanitaria” la sobrepoblación de estos niños en los centros de
detención de la frontera con México.
Ante
un problema humanitario se esperarían soluciones humanitarias. Sin embargo, los
gobiernos de México y EU han reaccionado de manera contraria. Sellar las
fronteras y deportar es su binomio inhumano favorito. A fines de 2014, Save the
Children afirmó que las autoridades migratorias de ambos países deportaron
18,000 niños del Triángulo Norte. La mayoría de las peticiones de refugio se
negaron.
Asimismo,
hace unas semanas, Obama premió la presidencia de Juan Orlando Hernández con un
paquete de ayuda de más de 300 millones de dólares. Hernández, cuando estaba en
el congreso hondureño, apoyó el golpe contra Zelaya. Su presidencia se ha
caracterizado por altos niveles de corrupción, criminalidad rampante, impunidad
y persecución política a opositores. Incluso dentro del Congreso estadounidense
ven con incredulidad este plan. "En Honduras hemos gastado billones de
dólares en dos décadas y solo hemos visto la situación empeorar”, espetó a John
Kerry un senador durante su reciente comparecencia en el Senado.
Peña
Nieto, por su parte, un mes después de la famosa declaración de Obama en julio
de 2014 sobre la crisis humanitaria de los niños no acompañados, puso en marcha
el Plan Frontera Sur. Su implementación potenció la vulnerabilidad de quienes
entran a México de manera indocumentada. “Ahora los migrantes tienen que
transitar rutas más peligrosas por los nuevos retenes. Llegaron a un albergue
en Tenosique hermanos centroamericanos que cruzaron pantanos por varios días
con los pies descalzos por miedo a ser detenidos y deportados”, me comentó la
hermana Leticia Gutiérrez, activista con amplio conocimiento del terreno.
Washington
quiere recorrer su frontera del Río Bravo al Usumacinta. En Los Pinos son
complacientes con el vecino del norte, pero implacables con los del sur. La
respuesta del gobierno mexicano al desplazamiento forzado por violencia criminal
en Centroamérica es la deportación sistemática. Ante la crisis humanitaria que
vive la región esto es irresponsable, pues se envía a los jóvenes de nuevo a la
muerte. La oficina regional del ACNUR para Centroamérica reconoció en un
comunicado del 30 de enero del 2015 asesinatos de jóvenes hondureños recién
deportados que habían huido por el ambiente generalizado de violencia en sus
barrios. El peligro es real, pero para quienes deportan no existe.
Sellar
las fronteras y deportar son soluciones erradas a la crisis humanitaria en el
Triángulo del Norte. En La Casa Blanca y en Los Pinos no entienden, o no
quieren reconocer, que una causa fundamental de este fenómeno es el poderío y
persistencia de la economía política criminal asentada en la región. La
interacción de los cárteles de la droga mexicanos, las pandillas
centroamericanas y las disfuncionales instituciones de seguridad y justicia en
Honduras, Guatemala, El Salvador y México se añaden a la pobreza y desigualdad
endémicas para crear un explosivo coctel social. Cualquier solución que no
ataque de fondo estas realidades perpetúa la crisis humanitaria y desampara a
miles de seres humanos que siguen huyendo de este terrible flagelo.
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